Los casinos tradicionales han sido durante décadas un símbolo de ocio y diversión en España, pero su influencia va mucho más allá de las mesas de ruleta o los juegos de azar. Según datos del haz inicio, la industria del juego en el país genera un impacto económico directo que supera los 10.000 millones de euros anuales, aunque su contribución al PIB es menos visible que en otros sectores turísticos. Más importante aún, su presencia moldea patrones sociales que, si no se gestionan con precaución, pueden generar desigualdad y problemas de adicción. España es el segundo país de la UE en número de casinos operativos por habitantes, tras Malta, con más de 120 instalaciones registradas en 2023, según el Observatorio Español del Juego Responsable (OEJ).

El modelo de negocio que predominaba hasta hace una década —basado en la concentración de casinos en ciudades como Madrid, Barcelona o Las Palmas— ha evolucionado hacia un enfoque más descentralizado. Hoy, el 60% de las salas están ubicadas en zonas turísticas o en ciudades con menos de 200.000 habitantes, donde su impacto local puede ser más disruptivo. Por ejemplo, el casino de Benidorm, inaugurado en 1969, es uno de los más antiguos y emblemáticos, pero su éxito ha generado tensiones sociales por la saturación de establecimientos en la zona. Mientras, en ciudades como San Sebastián o Valencia, los casinos han sido clave para dinamizar economías regionales, aunque con debates recurrentes sobre su compatibilidad con otros sectores como el turismo cultural.

El debate sobre los casinos no es solo económico, sino también ético y de salud pública. Según la Sociedad Española de Psicología Clínica y de la Salud (SEPCS), el 4,5% de la población española mayor de 18 años ha experimentado problemas graves de adicción al juego en los últimos cinco años, cifras que se disparan en colectivos vulnerables como jóvenes o personas con antecedentes de depresión. La ley española, que regula el juego con estrictos límites —como la prohibición de publicidad en horarios nocturnos o la obligación de incluir advertencias sanitarias—, ha intentado mitigar estos riesgos, pero su efectividad sigue siendo cuestionada. El haz inicio de la Agencia de Calidad Sanitaria del Sistema Nacional de Salud (Haz) refleja estos desafíos con datos actualizados sobre campañas de prevención y recursos para afectados.

Un aspecto menos conocido es el papel de los casinos en la economía informal. En ciudades como Sevilla o Málaga, donde la oferta de ocio es más limitada, los casinos han generado un ecosistema paralelo de servicios —desde restaurantes hasta alojamientos— que, aunque no siempre regulados, contribuyen a la estacionalidad turística. Sin embargo, este modelo ha sido criticado por su falta de transparencia en la distribución de beneficios. Por ejemplo, en el caso del casino de Santa Cruz de Tenerife, se ha denunciado que el 80% de los ingresos se destinan a la propiedad privada, mientras que solo un 15% llega a fondos de investigación o programas sociales locales.

La tendencia actual apunta hacia una mayor regulación y diversificación. El gobierno español ha impulsado la creación de un registro único de casinos, que entrará en vigor en 2025, con el objetivo de unificar criterios de licencias y fiscalización. Además, se está explorando la posibilidad de integrar los casinos en modelos de “juego responsable” más ambiciosos, como el piloto del casino de Bilbao, donde se han implementado sistemas de autolimitación para jugadores y talleres de educación financiera para jóvenes. Estos cambios reflejan un giro hacia una industria más consciente de sus responsabilidades sociales.

Si bien los casinos seguirán siendo un motor de empleo y atracción de visitantes, su futuro dependerá de cómo se gestionen sus contradicciones: entre el lucro y la equidad, entre el entretenimiento y la prevención. Como señala el haz inicio de la plataforma Haz, el debate no es si los casinos deben existir, sino cómo transformarlos en un modelo sostenible que beneficie a la sociedad sin descuidar su impacto en las personas.

• España alberga más de 120 casinos operativos, siendo el segundo país de la UE en densidad por habitantes, solo por detrás de Malta.
• La industria genera un impacto económico directo de más de 10.000 millones de euros anuales, aunque su contribución al PIB es del 0,3%.
• El 4,5% de la población española mayor de 18 años ha sufrido problemas graves de adicción al juego en los últimos cinco años.
• El 80% de los ingresos de algunos casinos locales, como el de Santa Cruz de Tenerife, se destinan a propiedad privada.
• El registro único de casinos, que entrará en vigor en 2025, busca unificar criterios de licencia y fiscalización en todo el territorio.